CAPUFE: Autoritario, arbitrario, prepotente e ilegal

Por Alfonso Canaan Castaños

Al más puro estilo autoritario, arbitrario, prepotente e ilegal, CAPUFE retoma el cobro de peaje en la caseta Playas de Tijuana por el tramo de 18 kilómetros hasta Playas de Rosarito. Antier el Gobernador Jaime Bonilla Valdez emitió un decreto el cual deja sin efecto el cobro de peaje en dicha caseta por una serie de factores que argumenta de manera sólida y contundente, entre otras cosas, que dicha concesión operada por CAPUFE ya se venció y, además la inversión del tramo de 18 kilómetros ya se recuperó hace muchos años y el dinero que recaudan por concepto de peaje lo utilizan en todo menos en el mantenimiento de la carretera lo cual es ilegal e inmoral.

Ante la compleja situación un numeroso grupo de activistas y ciudadanos residentes de Playas de Tijuana y sus alrededores se apostarán en la caseta para asegurar que el decreto emitido por el Gobernador Jaime Bonilla Valdez surta sus efectos y alcances tal y como fueron plasmados. Por su parte CAPUFE actuará como siempre lo hace, como un cártel del crimen organizado en perjuicio de la sociedad. 

#Tijuana
CAPUFE recupera el control de la caseta de cobro Tijuana-Playas de Rosarito.

Esto después de que el Gobernador de #BajaCalifornia, @Jaime_BonillaV, mediante un decreto estatal, tomará la caseta para exentar el pago de la caseta.

(📷:Cortesía) pic.twitter.com/ZDgXX8olSW

— Bᴇʀᴇɴɪᴄᴇ Dɪ́ᴀᴢ© (@BereniceDiazG) July 9, 2020

Y es que Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California Norte eliminó por Decreto el cobro de peaje en la caseta de Playas de Tijuana. Bonilla Valdez dijo a través de su vocero que a pesar de tener décadas dicha demanda de la sociedad tijuanense y de haber hecho múltiples manifestaciones, protestas y gestiones ante la SCT, CAPUFE y BANOBRAS, siempre obtuvieron una fría indiferencia por parte de estas instituciones del gobierno federal que explotaron por más de 40 años esa vía de comunicación lo que se convirtió en algo totalmente inmoral e ilegal en contra de los bajacalifornianos así como de turistas extranjeros.

Ante la insensibilidad del gobierno federal para corregir este grave caso de corrupción e ilegalidad, el Gobernador expresó que apegado a la Constitución y para cumplir con otra promesa de su campaña, emite este decreto que sin duda es un acto de elemental justicia para la gente de Tijuana y Baja California. Jaime Bonilla reconoció la lucha de los diferentes grupos de activistas que durante años lucharon para erradicar este ilegal e inmoral cobro.

Movimiento por el Libre Tránsito y Unión de Transportistas de Sinaloa, logramos un acuerdo, hace pocos días, con el Gobierno del Estado de Sinaloa. Éste logro se obtiene de manera satisfactoria y será de beneficio para ambas partes, pero sobre todo para el consumidor final de los productos que se transportan por tierra. El acuerdo se logra en la autopista Benito Juárez en el tramo Culiacán-Las Brisas y beneficiará a unos 700 transportistas de carga pesada del Estado de Sinaloa, quienes venían pagando cuotas de peaje excesivas, lo que hacía que el costo de los fletes se incrementara, sobre todo en fletes locales. El acuerdo logrado debe sentar un precedente para otras regiones en el país. En el Movimiento por el Libre Tránsito seguiremos trabajando de manera incansable y permanente en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Cuando me llevaron a juicio en 2017 por la liberación de las ilegales casetas de cobro, la entonces PGR en Sonora a cargo del hampón y muy pronto prófugo de la justicia, Dario Figueroa Navarro, me acusó también de haberlo insultado a él, porque dije que era un corrupto que estaba coludido con bandas de delincuentes y que recibió sobornos de CAPUFE para perseguirme y encarcelarme, argumentó que yo ponía en riesgo su integridad física más el daño moral que le ocasionaba al cuestionarlo de corrupto. 

De igual manera me acusó de haber insultado públicamente a la Gobernadora Claudia Pavlovich al afirmar que ella estaba detrás de la persecución, por lo tanto, también es una corrupta y represora. La fiscal que llevó el caso argumentaba que con mi actitud ponía en riesgo la vida de los funcionarios públicos en mención, exigiendo para mí una pena de 42 años de cárcel acumulando esos delitos al supuesto daño patrimonial que sufrieron los delincuentes extorsionadores de CAPUFE.

El juez federal Javier Aguirre Farfán admitió dichos argumentos con la pretensión, obviamente, de encarcelarme ese tiempo, ya que tenemos la sospecha fundada que también recibió "línea", sin embargo el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, dio por no admitidos dichos argumentos por parte de la Fiscalía, afirmando en su resolución que (sépase bien) todo servidor o funcionario público está expuesto al escrutinio de los ciudadanos y, que si el "Sr. Canaan, en pleno uso de su libertad de expresión y de ideas, considera que los funcionarios cuestionados en sus comentarios, desde su punto de vista, merecen esos calificativos, habrá que respetar el derecho humano fundamental que tiene de expresarse sobre la actuación de dichos funcionarios, incluido también lo que el Sr Canaan pudiere opinar sobre mi actuación como magistrado del Poder Judicial de la Federación o de cualquier otro funcionario público en este país".

Palo!, y bien dado a la Fiscalía por este Magistrado garantista que hizo prevalecer el derecho a la libre manifetación de las ideas que tenemos los mexicanos.Todos los funcionarios y personajes públicos están expuestos a la crítica y al cuestionamiento desde el Presidente para abajo y, tienen que tener la capacidad de asimilar dichas críticas.