Los desvíos de recursos en las fronteras nortes del país a través de empresas fantasma se convirtieron en un tipo de 'huachicoleo' del erario público. El mecanismo buscó retirar dinero público por vías presuntamente legales, pero al paso de los meses y años se confirmó que se utilizó para la defraudación fiscal. No es un modelo de corrupción asociado a un solo partido político, tampoco a un gobierno. El SAT asegura que el gobierno del estado de Sonora no ha pagado servicios de empresas fantasma en el periodo revisado, pero sí lo han hecho cuatro municipios: Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas y Cajeme. En 2014, 2015, 2016 y 2018 estos cuatro municipios recibieron facturas por 141 millones 402 mil pesos provenientes de 62 proveedores fantasma. El gobierno de Nogales concentró un 70 por ciento de estos recursos.
Esta pequeña ciudad fronteriza es el segundo municipio con más recursos públicos entregados a contribuyentes incumplidos. Fue durante el periodo del ex alcalde David Cuauhtémoc Galindo Delgado, entre 2015 y 2016, que en Nogales se gastaron más de 100 millones de pesos en servicios prestados por empresas que luego fueron boletinadas por el SAT. Al concluir esta administración, a partir de 2017, Nogales registra cero transacciones con empresas fantasma.
Después de que se revelara ésta información proveniente de la Unidad de Inteligencia Financiera, comandada por el Sr. Santiago Nieto, el ex alcalde panista de Nogales, Cuauhtémoc Galindo, salió a escribir lo siguiente: "Es importante precisar que la publicidad de un trabajo periodístico inconcluso como el que señalo, genera espacio para la especulación, calumnia y difamación. Derivado de lo publicado en la investigación (que insisto es inconclusa) y compartido este mismo día en el espacio del periodista Juan Carlos Zúñiga, se da por hecho que en la administración encabezada por un servidor, se utilizaron “facturas apócrifas”, afirmación que resulta falsa de toda falsedad.
Les comparto que fue en nuestra administración donde se detectó el uso para cobro y pago, de estos documentos, por lo que procedimos a dejarlo asentado en actas de Sesiones de Cabildo, además de presentar denuncias ante el SAT, la FAS y la ASF, derivando hasta donde tengo entendió [sic] en algunas detenciones de parte de las autoridades, de todo ello también existen evidencias documentales de diversos medios de comunicación. Las consecuencias de lo irresponsablemente publicado, redundan hoy en la réplica de varios medios y señalamientos infundados en redes sociales que lesionan la imagen pública y personal de su servidor y el equipo que me acompañó en la administración que tuve a bien la responsabilidad de encabezar. Agradezco su atención.”, dijo el Temo Galindo.
Entre 2014 y 2019 gobiernos de estados y municipios fronterizos del norte de México facturaron al menos 2 mil 628 millones de pesos (unos 120 millones de dólares) con 536 empresas fantasma. Estas administraciones estatales y en otros casos municipales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas usaron como presuntos proveedores a personas físicas y morales que posteriormente fueron calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas de papel.
Los recursos fueron presuntamente desviados a través de 15 mil facturas con las que se justificó la prestación de servicios como diseños de revistas, construcción de pozos de agua en pequeños poblados, cuadernillos sobre violencia intrafamiliar, compra de cemento, compra de croquetas para perro, asesorías diversas, renta de sillas y sonido, recursos humanos, tapicerías, adquisición de computadoras, contratación de cursos para aprender a utilizar apps, remodelación de baños en escuelas públicas y compra de amortiguadores de vehículos, entre muchos otros.
Tras un proceso de revisión, el SAT determinó que estas empresas han emitido comprobantes fiscales sin tener el personal, la infraestructura, los activos o la capacidad para prestar los servicios, y fueron calificadas como EFOS: Empresa que Factura Operaciones Simuladas. La base de datos matriz fue proporcionada por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT, a través de 13 solicitudes de acceso a la información pública. Para generar la información, la dependencia cruzó el listado de contribuyentes que emiten operaciones simuladas y las claves del Registro Federal de Contribuyente (RFC) de siete entidades estatales, y 28 municipales.
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