Por Alfonso Canaan Castaños
Después de participar activamente por varios años en la lucha por el libre tránsito y, por consecuencia conociendo a detalle la problemática en la carretera federal 15 en Sonora, mantengo la misma postura que hicimos desde un inicio en el tema de la etnia yaqui; respetamos y nos solidarizamos con sus luchas, que son varias, sin embargo no nada mas no estamos de acuerdo sino que reprobamos las prácticas que ejercen en algunos puntos de la citada carretera en donde exigen cuotas de dinero a todos los automovilistas para permitirles seguir transitando por la rúa.
En estas acciones se configuran varios delitos cometidos en contra de miles de automovilistas, de conductores de transportes de carga y de pasajeros las cuales siguen ejerciendo a diario con toda impunidad ante el temor de sus víctimas ya que los yaquis que están apostados en esos ilegales retenes, tienen grupos de choque que portan armas de fuego de alto calibre para amenazar y hostigar a quienes se nieguen a aportar la cuota de dinero que exigen, sobre todo los que se encuentran a la altura del monumento al yaqui danzante.
En el Movimiento por el Libre Tránsito tuvimos la voluntad política para llegar a un acuerdo y retirarnos de la protesta que mantuvimos por mas de 4 años en las casetas de cobro en Sonora, y, lo hicimos bajo algunos acuerdos que en un futuro cercano serán de gran beneficio para todos los usuarios de la carretera Estación Don-Nogales. Además en esos 4 años y medio jamás exigimos cantidad de dinero alguna a ningún automovilista y lo mas gratificante de nuestra lucha es que; en todo ese tiempo no hubo una sola queja o denuncia en contra de ninguno de nuestros compañer@s que de manera valiente dieron la cara ante una de las injusticias mas grandes que hayamos padecido los sonorenses. Lo de los yaquis no es protesta de ninguna manera, son actos delictivos cometidos a diario en contra de miles de automovilistas, protegidos bajo un manto de impunidad total y ante el silencio y la complicidad de CAPUFE y la SCT. Al presidente Andrés Manuel López Obrador aún le quedan tres años para reestructurar y depurar o reformar dos dependencias del Gobierno Federal como son la SCT y CAPUFE. Dos elefantes reumáticos como diría él mismo, permeados de una grave corrupción y una burocracia de terror con funcionarios que se distinguen por su soberbia, prepotencia y altanería, acostumbrados a ignorar y en muchos casos humillar y perseguir temeraria y judicialmente a los ciudadanos que les reclaman, denuncian o se quejan de las atrocidades que cometen. De igual manera ignoran y se burlan de la soberanía de las entidades federativas, de los exhortos e iniciativas de ley que aprueban los congresos locales en el tema de las vías generales de comunicación a los que hacen caso omiso incurriendo en desacato ante el Poder Legislativo y Judicial. En la mayoría de los casos, ambas dependencias han sido dirigidas por Dinosaurios del sistema político mexicano a quienes no les importa en lo más mínimo el bienestar colectivo sino por el contrario, buscan la manera de sacar ventajas económicas aun a pesar de violentar el marco jurídico y los derechos humanos de los ciudadanos.
La SCT y CAPUFE no han cambiado su política ni un ápice, siguen siendo administradas por los mismos que las convirtieron en símbolo de corrupción hace tres décadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad histórica de reformar y echar a caminar a esos elefantes reumáticos. La Comisión Estatal de Bienes y Concesiones será transformada en una dependencia de excelencia y ética así como de servicio a la sociedad en sus diferentes vertientes, funciones y facultades, siguiendo los lineamientos y la nueva política del Gobernador Alfonso Durazo y de nuestro Coordinador Ejecutivo, Lic. José Pablo Rubio Fierros. Uno de nuestros principales objetivos es brindar certeza jurídica en el patrimonio de las familias en el rubro de la regularización territorial y, así mismo, proteger el patrimonio del Estado.
Haremos nuestro mejor esfuerzo por ser y estar a la altura de las circunstancias siempre teniendo en cuenta que los ciudadanos son primero. Como uno de los principales objetivos del gobierno de Alfonso Durazo , en la Dirección General de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, llevaremos a cabo durante el 2022, aproximadamente 10 mil acciones en entrega de escrituras , títulos de propiedad y testamentos públicos a miles de familias sonorenses que tienen años esperando tener certeza jurídica en su patrimonio. Además se recuperarán inmuebles propiedad del Gobierno del Estado de Sonora que fueron enajenados ilegalmente en administraciones anteriores.
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