Por Francisco Loera.- Al no haber normativa clara, no hay un número oficial de minas cerradas o suspendidas ni de los pueblos fantasma que han dejado regados de norte a sur como Pilares de Nacozari, Sonora. Desde 2018, de manera voluntaria se han dado de alta ante la Secretaría de Economía y la Cámara Minera de México (Camimex) nueve proyectos concluidos de mineras canadienses, una estadounidense y una británica en poblados de Sonora.
En el informe “Y después de la mina, ¿qué?”, colectivos requieren a las autoridades ambientales una política de monitoreo, manejo de desechos peligrosos, restauración y rendición de cuentas luego de que las empresas terminan la extracción y abandonan tajos abiertos profundos, depósitos de jales con residuos tóxicos en agua, aire y suelo, en algunos casos con daños irreversibles.
El inventario de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ubica 585 registros de presas de jales, lo que es un primer paso para tener un control oficial de cierre de minas nacionales y de capital extranjero, pero falta especificar qué metales pesados albergan. “El abandono a la población —de la minera y del Estado— no es una condición ineludible de la minería, no es normal; podría tener un plan de retiro.
Se quedan residuos tóxicos que no permiten que sobreviva nada y nadie se hace responsable de ello”, dijo la investigadora Letizia Silva, coordinadora del informe publicado por las organizaciones ambientales Fundación Heinrich Böll Ciudad de México y Engenera ante la presencia de representantes de la Semarnat. “¿Cómo van a volver a construir un cerro?”, se pregunta Don Mario Martínez, uno de los habitantes de Nacozari. La minera canadiense, expuso, les dejó 200 millones de toneladas de materiales sulfurosos y otras 100 millones de toneladas de material con cianuro que pueden traspasarse a los mantos freáticos.
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