PG: Aarón, ¿Cuál es el avance o actualizaciones de tu investigación periodística 'la estafa legislativa´?
AT: Una de las actualizaciones, después de publicar la investigación de 'la estafa legislativa', es que accedí al expediente de Ramón Moya Grijalva que tienen en la Fiscalía General del Justicia del Estado. Recordemos que Moya Grijalva fue el Auditor Mayor del ISAF, y anteriormente a eso fue Director General de Administración del Congreso del Estado de Sonora. Y, según los testimonios que vi, señalaban a él como el autor de todo ese entramado de saqueo por medio de ayudas sociales, partida 44-10. Como Director en el Congreso del Estado de Sonora, fue Moya Grijalva quien articuló toda la estructura de saqueo con empresas fantasma para después mandarlo al ISAF. Y digo que lo mandan, porque todo el proceso que se usa para dar la titularidad de los órganos supuestamente autónomos es mera simulación: ya vienen marcados desde el ejecutivo. Entonces, mandan a Ramón Moya Grijalva al ISAF y con eso se aseguran de que no habrá observaciones. Mientras tanto, la Dirección General de Administración del Congreso del Estado, queda en manos de David Suilo, quien fue cabildeado por Jesús Epifanio Salido Pavlovich, primo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. También queda el Oficial Mayor, José Ángel Barrios; el control de los administradores del Congreso del Estado de Sonora lo tenía Claudia Pavlovich Arellano.
Entonces, cuando accedo al expediente de Ramón Moya Grijalva que tienen en la FGJE, me di cuenta que tiene 8 averiguaciones previas. No significa que por tener una averiguación previa seas culpable, pero tener ocho, y todas bajo delitos similares, creo que ya marca un patrón de conducta. De esas ocho averiguaciones, dos habían prescrito: una era por fraude genérico, y la causa fue porque el expediente no se movió por más de 8 años, entonces prescribió. Y la otra fue por robo a vehículo. Ese prescribió por no ejercicio de la acción penal, no porque hayan faltado pruebas o Moya Grijalva haya sido inocente, simplemente no se movió la carpeta por más de ocho años. Estamos hablando de todo un entramado criminal y de saqueo. Hay una entrevista que le hace Juan Carlos Zúñiga al finado ex diputados del PT Rodolfo Lizárraga, y hablan sobre unos audios que se filtraron que señalaban una compra de votos en el Congreso para designar a la ex fiscal Claudia Indira Contreras. Y lo que le responde Lizárraga a Zúñiga es precisamente eso, el cómo utilizaron el dinero de esas ayudas sociales para 'maicear', en la compra de votos, a diputados.
Mi trabajo está basado en la cuenta pública del 2021 donde hay observaciones por casi 400 millones de pesos que no fueron solventados, no hay evidencia documental de la adquisición de los bienes ni de un padrón de beneficiarios. Lo que yo hablo es que, de los 800 millones de pesos es sobre los otros dos años 2019-2020, en ayudas sociales fueron las mismas once empresas que facturaron en 2021 también facturaron en 2020 y 2019. Entonces, lo que yo digo es que podría ascender el monto a más de 800 millones, porque en los tres años fueron 860 millones de pesos lo que se destinó a la partida de ayudas sociales.
PG: ¿Cómo das con este tema de la 'estafa legislativa'?
AT: La primera vez que escucho sobre esto fue en mi programa de radio, en las vísperas en las que Gildardo Real pone una denuncia contra Claudia Pavlovich por un desvió de ocho mil millones de pesos. En mi programa de radio tengo una mesa plural donde asiste Ernesto 'el pato' De Lucas, Juan Lohr Granich y, en ese momento, asistía a esa mesa Eduardo Urbina, ex diputado del PAN en ese periodo legislativo en el cual sucedió lo de la estafa legislativa. Ahí, Ernesto 'el pato' De Lucas, le reclamó a Urbina que, si por qué no denunciaba un faltante de 500 millones de pesos, porque la diputada Ernestina Castro sí lo había denunciado en 2021. Me pareció muy raro el lenguaje corporal de Eduardo Urbina, lo vi nervioso, no fue muy contundente en las respuestas que le dio a Ernesto de Lucas. Yo, después, le pregunto a de Lucas sobre el tema y él me dice que busque la transmisión en youtube del canal del Congreso del Estado de Sonora donde Ernestina Castro denuncia eso en el pleno. Fue el 14 de octubre de 2021, pero ella hablaba sobre la cuenta pública del 2020. Luego, me voy 5 días antes que fue el 9 de octubre de 2021, ahí se ve la última comparecencia de Moya Grijalva ante la comisión de fiscalización, y ahí la diputada Ernestina Castro le cuestionó muy duro y le enseñó las mismas once empresas que tienen la pinta de ser empresas factuteras. Ahí es donde empiezo a desarrollar la investigación. Después, en los resultados de la cuenta pública del 2021 publicadas en la página del ISAF, ahí sí salieron observaciones, ¿por qué? porque ahí ya no estaba Ramón Moya Grijalva.
De las once empresas ahí mencionadas, solo una existía y estaba constituida físicamente. Respecto de las otras diez, algunas eran lotes baldíos; en otra, era una estética, que supuestamente facturó más de 60 millones de pesos, y resulta que es negocio muy humilde. Hay direcciones de una empresa que se llama, y hasta pareciera que es de broma burlesca, 'cifras disparadas', y aparece en Magdalena. Voy a Magdalena, ubico la calle Santiago Iglesias 310 y resulta que la numeración solo llega al 307. No existía. Esa es la base de la investigación.
Y sobre los avances de los que me preguntas, pues son avances, pero como los del cangrejo, porque he seguido haciendo solicitudes de transparencia. Solicité que me dieran todas las facturas de esas ayudas sociales del año 2020, pero se reservaron la información. Obviamente ya interpuse una queja ante el ISTAI de no conformidad con la respuesta y el Congreso también se puso a tono con ellos reservando la misma información. Entonces, a estas fechas, todo lo que pidas sobre la 'estafa legislativa' estará reservado, porque supuestamente está en investigación, pero no tienen que reservar una información que es pública. Yo no estoy pidiendo información sobre el proceso de investigación, eso no tiene nada que ver.
PG: ¿Crees que las autoridades correspondientes sancionen a los involucrados o responsables?
AT: Pues yo lo único que veo es un entramado de encubrimientos. Incluso al gobernador le preguntaron en una de sus conferencias de prensa de por qué se ha guardado silencio sobre la 'estafa legislativa', y el gobernador, lamentablemente, contestó con algo que absolutamente nada tenía que ver con el cuestionamiento. Además, me extraña mucho que ninguna de esas asociaciones civiles que dizque abogan por la transparencia tampoco se hayan presentado a una de las fiscalías a interponer la denuncia. Ahora, la fiscalía anticorrupción puede abrir una investigación de oficio, pero ya sabemos que todo es una simulación respecto a la supuesta autonomía del fiscal anticorrupción. Rogelio López García es un subalterno del Secretario de la Contraloría General, Guillermo Alejandro Noriega Esparza. Siempre ha sido su subordinado, desde que estaba en Sonora Ciudadana; cuando Noriega fue Delegado del IMSS, López García era Director de afiliaciones, siempre ha sido un subalterno de Noriega. Y la actual Auditora Mayor del ISAF, Beatriz Huerta, totalmente entregada al encubrimiento de todo esto, son ellos los que están reservando la información. Y así como Ramón Moya Grijalva fue impuesto en el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano; Beatriz Huerta fue impuesta en el ISAF. Ella viene del grupo de Jorge Taddei y Álvaro Bracamontes. Bracamontes, de las poquitas cosas que operó, fue que una de sus huestes de la Universidad de Sonora llegara al ISAF. Y desde ahí, Beatriz Huerta está haciendo el trabajo de solapar todo esto. Por el otro lado, la Contraloría General de Sonora tiene facultades para investigar este caso a detalle, no importa que sea de otro poder. Recordemos que Hacienda es quien otorga el presupuesto al H. Congreso del Estado de Sonora, entonces es recurso estatal y la Contraloría General del Estado de Sonora podría investigar, pero Guillermo Noriega Esparza no hará nada si el gobernador no se lo indica. La Fiscalía Anticorrupción de Sonora, desde su creación a la fecha, es la única (de las 32 entidades) que no ha abierto un solo caso por oficio, según una estadística de 'México ¿Cómo Vamos?'. Entonces, sí hay una falta de voluntad muy grande en el estado para resolver este tema pendiente.
PG: ¿Crees que hay un antes y un después al interior del H. Congreso del Estado de Sonora en cuanto a la transparencia después de tu investigación de la 'Estafa Legislativa'?
AT: Claro que no. El Congreso del Estado de Sonora sigue siendo un nido de raterías, de corrupción y zalamerismo. Así como está, no debería ni de existir, porque no nos beneficia en nada y sí se nos va mucho dinero. E insisto, esto no es propio de esta legislatura. Esto viene andando así desde hace tiempo, pero esta legislatura no es la excepción. Cuando el gobernador dice que este es un Congreso histórico, concuerdo en que es histórico en tanto ineptitud y el solapamiento que hizo la legislatura pasada a esa institución. Qué tan mal estarán, que quien mejores iniciativas de hondo calado a metido es el propio gobernador. Y que Alejandra López Noriega sea la actual Presidenta del Congreso nos dice mucho de lo que pasa al interior del recinto legislativo, porque es ella una de las mayores encarnaciones de lo que representa la 'estafa legislativa'.
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